Habitantes de la zona decretan rechazo absoluto al fracking
En un hecho histórico de organización comunitaria, autoridades indígenas, jueces auxiliares, comisariados y habitantes de diversas localidades de la Huasteca Potosina se congregaron en asambleas masivas para manifestar un rechazo unánime contra la fracturación hidráulica (fracking) y cualquier política extractivista que amenace su territorio.
Derivado de las reuniones informativas y de protesta celebradas el domingo 7 de junio de 2026 en las plazas principales de San Antonio y Tancanhuitz, las comunidades formalizaron una postura firme en defensa de la vida, el agua y su autonomía. El pronunciamiento, respaldado legalmente en la Constitución Mexicana y el Convenio 169 de la OIT, quedó plasmado en actas firmadas y selladas por las distintas representaciones.
A través de los documentos ejidales y comunitarios titulados “Acuerdos Básicos Frente a la Amenaza del Fracking en la Huasteca”, aprobados por los pueblos originarios de la región, se decretaron los siguientes puntos resolutivos de aplicación inmediata:
Bloqueo Total a Proyectos Extractivos: Las comunidades acordaron de forma unánime NO otorgar ningún tipo de consentimiento para exploraciones, explotación de recursos del subsuelo (gas, petróleo o minerales) ni para cambios de uso de suelo en su hábitat.
Exigencia de Prohibición Legal: Se exige formalmente a la Presidencia de la República cumplir los compromisos de campaña de prohibir el fracking y la minería a cielo abierto, demandando al Congreso de la Unión que esto quede plasmado explícitamente en la ley.
Blindaje del Agua de la Huasteca: Ante la geología cárstica (porosa) de la región, donde el agua forma una sola red interconectada, se prohibió estrictamente en los reglamentos internos y estatutos comunales el uso, desvío o venta de agua de ríos, manantiales y pozos para actividades de hidrocarburos no convencionales o minería.
Desconocimiento de Consultas “Amañadas”: Se declararon nulas y sin validez legal todas aquellas supuestas consultas que pretendan realizar dependencias como SEMARNAT, ASEA, Pemex o empresas privadas mediante convocatorias abiertas por internet, periódicos oficiales o asambleas manipuladas.
Vigilancia Territorial y Expulsión Pacífica: Las autoridades comunitarias ordenaron la expulsión pacífica de cualquier personal técnico, promotor o empresa que ingrese a sus territorios con el fin de realizar estudios geológicos o levantamientos topográficos.
Voto de Castigo y Condicionamiento Electoral: Como medida de presión política, los pueblos organizados advirtieron que aplicarán un voto de castigo masivo a los partidos políticos y condicionarán su participación en los próximos procesos electorales si los legisladores continúan negándose a prohibir el fracking en la ley.
Red de Resistencia y Alerta Temprana: Se acordó tejer redes de comunicación y auxilio mutuo entre las diferentes etnias de la región (Náhuatl, Tének, Totonaco, Otomí, Tepehua y Pame) para activar movilizaciones regionales y defensa jurídica colectiva ante cualquier intento de expropiación o incursión de maquinaria pesada.
“La utilidad pública del Estado termina donde empieza el derecho humano a la existencia de nuestros pueblos originarios”, sentenciaron las autoridades indígenas al cierre de la jornada, convocando a replicar y sellar estos acuerdos en cada una de las asambleas locales de la Huasteca antes de la próxima reunión general de autoridades.