La decisión se tomó tras una revisión técnica y administrativa; los recursos obtenidos se destinarán al equipamiento de áreas de atención ciudadana y a programas prioritarios en beneficio de las y los potosinos
En el marco de las acciones que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para mejorar el uso del patrimonio público y generar más beneficios para las y los potosinos, la Oficialía Mayor iniciará el proceso de subasta pública de 31 mil 119 bienes muebles de propiedad estatal, luego de que el Congreso del Estado aprobara su desincorporación al tratarse de artículos obsoletos o en desuso para la administración.
El titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez, informó que esta decisión obedece a un profundo trabajo de revisión técnica, administrativa y patrimonial, mediante el cual se identificaron bienes que ya concluyeron su vida útil o que dejaron de ser funcionales para las actividades del gobierno del Estado; al respecto precisó que se tiene proyectado realizar dicho procedimiento público durante el último bimestre del año en curso.
Explicó que de acuerdo con los avalúos preliminares se estima obtener entre 400 y 500 mil pesos por la venta de mobiliario, principalmente de oficina, mientras que alrededor de 826 mil pesos corresponderían a la enajenación de vehículos oficiales y maquinaria pesada. El funcionario estatal aclaró que estas cifras son una proyección inicial y que el monto definitivo se conocerá una vez concluido el proceso de subasta pública.
Lara Enríquez destacó que los recursos obtenidos se destinarán al equipamiento y mejora de áreas de atención ciudadana, así como a programas prioritarios en beneficio de la población, con el objetivo de que bienes que ya no son funcionales para la administración pública se traduzcan en mejores servicios para las y los potosinos.
El lote está integrado por vehículos oficiales, maquinaria pesada, escritorios, sillas, archiveros, mobiliario de oficina y equipo diverso. El funcionario estatal reiteró que todo el procedimiento se realizará con estricto apego a la legalidad, bajo criterios de transparencia, orden administrativo y responsabilidad en el manejo del patrimonio público.