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Conductores de transporte público reciben capacitación en Cultura de la Legalidad

 


La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mantiene de forma permanente la implementación de estrategias enfocadas en la profesionalización, capacitación y promoción de la cultura de la legalidad, a través de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y dirigidas a todos los sectores que intervienen directa o indirectamente en temas de seguridad pública.

La directora de la institución formadora de perfiles policiales, Alba Luz Juárez Hernández, explicó que uno de esto sectores estratégicos es el del transporte público, debido a su contacto constante y directo con la ciudadanía, lo que convierte a sus operadores en actores clave para fomentar entornos más seguros y confiables.

En este marco, se llevó a cabo el curso titulado “Prevención del Delito y Cultura de la Legalidad en el Servicio del Transporte Público”, dirigido a 52 conductoras y conductores del transporte público pertenecientes a la región Huasteca.

La capacitación tuvo como propósito fortalecer sus competencias en materia de prevención del delito, resolución de conflictos y actuación ética, brindándoles herramientas prácticas que les permitan desempeñar su labor de forma más segura, eficiente, responsable e incluyente, en beneficio de todas y todos los potosinos.

Resaltó que este tipo de actividades son fundamentales para dignificar el rol de quienes operan en el servicio público de transporte, y a través de este curso, las y los participantes desarrollan habilidades en la toma de decisiones, la identificación y manejo de situaciones de riesgo, así como el fortalecimiento del razonamiento legal y ético.

Todo esto con el fin de que puedan enfrentar y resolver, de manera satisfactoria, los dilemas legales y morales que se les presentan en su quehacer diario.

Con los saberes legales adquiridos en el transporte público, se avanza en la construcción de una actuación más justa, equitativa y con mayor sentido de responsabilidad cívica, por parte de los operadores donde el respeto a la legalidad y la prevención del delito sean principios fundamentales para la convivencia armónica.

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