Uno de los grupos más indefensos ante las violaciones y abusos sexuales son la mujeres y niñas migrantes, según un informe de la ONU, que asegura que las leyes contra el aborto en América Central agravan su vulnerabilidad.

Esta es una de las conclusiones a las que llega el estudio “Sometidos a abusos y abandonados”, publicado por la Oficina contra la Droga y el Delito, que ofrece una perspectiva de género sobre los abusos que padecen los migrantes en las rutas del Norte de África y de América.

“Las diferentes formas de violencia sexual, explotación sexual, violación o agresiones a mujeres son omnipresentes en todas las rutas migratorias y de contrabando y parecen afectar casi exclusivamente a las mujeres cuando tienen una dimensión financiera”, señala el informe.

“Las leyes que penalizan el aborto y los actos sexuales entre personas del mismo sexo ponen en la diana a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI+”, añade.

El reporte recuerda que, en El Salvador y Honduras, el aborto está penalizado en todas las circunstancias y en Guatemala el aborto sólo es legal cuando hay peligro para la vida de la madre. La penalización del aborto “expone a las víctimas a la criminalización y al riesgo de ser acusadas y procesadas ellas mismas, hecho que desalienta gravemente la denuncia de estos abusos”, agrega.