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Política

Habrá revisión a fondo al contrato de la presa “El Realito”

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Se determinará si es factible que se presenten denuncias penales o administrativas

El diputado José Luis Fernández, informó que se presentará un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua, a que realicen un estudio profundo de los contratos que dieron origen al proyecto de “El Realito”, y en su caso, se presenten las denuncias administrativas o penales a que haya lugar.

Indicó que se solicitó, a través de la Comisión del Agua de la que es integrante, los contratos del proyecto “El Realito”, que datan del mes de junio de 2009, el cual ha sufrido diversas modificaciones.

“Ya solicitamos la totalidad de los contratos de El Realito al seno de la Comisión del Agua, el contrato principal se firmó en el 2009 en el mes de junio y ha sufrido muchas modificaciones; es un documento bastante extenso que tiene que ser analizado con mucha precisión y con el tiempo necesario para poder dilucidar todo lo que contiene por la complejidad y el tamaño del documento, que inicia en el 2009 pero tiene más de 20 modificaciones que hay que ubicar cuales son las partes del convenio original que afectan y en función de esto, determinar responsabilidades”.

Destacó que es evidente la mala calidad de la obra, la cual ha generado muchos problemas en el abastecimiento de agua para más de 30 colonias de la capital potosina cada que sale de operación el sistema de “El Realito” por alguna falla.

“Nosotros aquí en el Congreso vamos a realizar este análisis y este estudio que nos va a tomar algún tiempo seguramente, por la complejidad del tema; lo que es evidente es que hay una gran cantidad de recursos invertidos ahí y lo que se compró no funciona y es un mal negocio para las finanzas de San Luis Potosí en virtud de que están comprometidos más de 6 mil 500 millones de pesos de ese convenio para resolver un problema que no está resuelto y que al contrario cada vez generan más problemas”.

Consideró que pueden existir elementos para fincar responsabilidades administrativas e incluso penales, en virtud de que hay una inversión de recursos importante y la obra no funciona, además de solicitar la recisión del contrato a la compañía operadora sin incurrir en penalidad por ello.

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