_Es la segunda vez que se traslada del penal de La Pila a un centro médico_

Rocío López|

San Luis Potosí, SLP.- La exsecretaria de Salud Pública Mónica Rangel está internada en el Hospital del Niño y la Mujer en la capital de San Luis Potosí, luego de presentar complicaciones en su salud por la enfermedad de cáncer que padece.

Este es el segundo traslado desde el centro penitenciario de La Pila, desde que se decretó en su contra la prisión preventiva oficiosa el pasado 13 de abril. El primer traslado fue el 14 de abril y se dio de alta el día 20 de abril; un día después tuvo que abandonar nuevamente el penal para ser internada.

El secretario general de Gobierno J. Guadalupe Sánchez Torres confirmó que la excandidata a la gubernatura por Morena, sigue siendo atendida de manera preventiva en la clínica y está sujeta a un proceso penal.

“Pero ello no quiere decir que se le afecten sus derechos como el derecho a la salud”, agregó el funcionario.

La doctora Mónica se encuentra en custodia de la Secretaría de Seguridad Pública, bajo las condiciones de una persona privada de su libertad por una autoridad penitenciaria.

“Por supuesto que el tema de tránsito está restringido, ella en sentido estricto debería estar en un centro de reinserción de La Pila, sin embargo por un tema de salud está en un hospital, aunque sus accesos o visitas están limitados. Es como si estuviera en reclusión”, dijo el secretario general de Gobierno.

El funcionario agregó que, en el momento en el que se tengan evidencias de que ya no requiere ser atendida médicamente será trasladada al penal y actualmente su estado de salud se reporta estable.

Las autoridades descartan que se trate una estrategia para evadir la reclusión y afirman que ante un hecho de salud, el gobierno actúa con buena fe.

Mónica Rangel enfrenta un proceso penal en prisión preventiva oficiosa con tres meses para la investigación complementaria, por las acusaciones de los presuntos delitos de uso abusivo de la función pública, asociación delictuosa y fraude por al menos 22 millones de pesos; de resultar culpable podría alcanzar una pena de hasta 27 años de prisión.