La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría comentó que su objetivo es fomentar, planear y dirigir las acciones para institucional la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos

En reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Derechos Humanos, e Igualdad de Género, fueron aprobadas las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para crear la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado,  encargada de ser el órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional del Poder Legislativo en la entidad.

La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, promovente de esta iniciativa, manifestó que los objetivos de la Unidad para la Igualdad de Género, son: fomentar, planear y dirigir las acciones para institucional la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos dentro del Congreso del Estado.

Además, asegurar los derechos fundamentales, entre ellos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y no discriminación en todas las áreas del recinto legislativo: y promover ambientes laborales libres de violencia, discriminación, acoso y hostigamiento sexual y/o laboral; conforme a lo determinado en el Reglamento.

“La creación de una Unidad de Género, hoy por unanimidad en reunión de Comisiones Unidas se llevó a la aprobación de esta para que sea revisada con puntualidad y llevada al pleno; una Unidad de Género que es preciso decir es momento de proporcionar la posibilidad del ejercicio de sus derechos y que nada restrinja la legítimamente los derechos que tienen las y los trabajadores en el Poder Legislativo”.

Destacó que la Unidad de Género del Poder Legislativo, se suma a organismos de este tipo que ya se han creado a nivel nacional como en el Congreso de la Unión, y a nivel local en el Poder Ejecutivo y Judicial.

Además, señaló que existe un marco normativo internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres jurídicamente vinculante para el estado mexicano; para sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; para los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; y para sus instituciones.

Principalmente los mandatos contenidos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también llamada Convención de Belém do Pará.

El dictamen respectivo será turnado al pleno para su votación.