El objetivo es que las mujeres puedan conocer y acceder a los diferentes programas, estímulos e incentivos que promueve la Sedeco

A las comisiones de Derechos Humanos, Igualdad y Género y Desarrollo Económico y Social se turnó la iniciativa que propone adicionar el inciso K) a la fracción II del artículo 17 a la Ley del Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí, para integrar la representación de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado (SEDECO) en la Junta de Gobierno de este instituto.

Se indica que se busca la participación activa de la SEDECO para fortalecer de manera más directa las políticas públicas enfocadas a que las mujeres en general, jefas de familia, o emprendedoras puedan conocer y acceder a los diferentes programas, estímulos e incentivos que permitan fortalecer el desarrollo económico de las mujeres en nuestro estado.

Agrega que la estructura de los entes de gobierno debe ser colaborativa y debe contar con marcos normativos, enfocados en la realidad y la exigencia social, por lo que al incluir a la Secretaría de Desarrollo Económico como integrante de su Junta Directiva, se podrán mejorar los programas y políticas del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) con una visión enfocada al empoderamiento económico de la mujer, sujetándolos a las leyes de Planeación Financiera en el estado.

Con ello, abunda, se podrá enriquecer y garantizar la correcta aplicación de políticas públicas que abonen a reducir la desigualdad y ponderen la posición social de las mujeres potosinas, fortaleciendo la capacidad decisora de la mujer en su entorno social.

La reforma propuesta fortalece el marco normativo del Instituto, generando con ello que se realicen las acciones necesarias enfocadas al empoderamiento económico de la mujer. Se puntualiza, la urgente necesidad de una correcta aplicación de políticas públicas que abonen a reducir la desigualdad y ponderen la posición social de las mujeres, fortaleciendo la capacidad decisoria de la mujer en su entorno social.

Además, existirá una correcta vinculación de la administración pública estatal, creando con ello políticas de género basadas en la igualdad, con un enfoque horizontal, proactivas, poniendo a la mujer en una posición fundamental de autonomía y poder económico como condición necesaria para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.