Coinciden diputados que el responsable deberá contar con experiencia en el ámbito de las políticas de desarrollo de pueblos y comunidades

La Comisión de Asuntos Indígenas avanza en la preparación de la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, para la conformación del Grupo Técnico Operativo que será encargado del análisis y metodología para la realización de este ejercicio.

En la reunión, se aprobó el acuerdo que será enviado a la Junta de Coordinación Política para que se determine al secretario del Grupo Técnico Operativo, que será el coordinador general del mismo, y fungirá como responsable de la ejecución de las acciones de consulta ante la autoridad, institución u organismo consultante.

El responsable deberá tener amplio conocimiento de la materia indígena, y contar con experiencia en el ámbito de las políticas de desarrollo de pueblos y comunidades.

Se indicó que al tratarse de una consulta legislativa, la finalidad es de ser consultadas todas las iniciativas que atañen, impliquen y afecten a los pueblos originarios de manera positiva o negativa, por lo cual se espera que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas aporten sus conocimientos y opiniones, para que éstas sean atendidas e integradas en las iniciativas.

El objetivo, es establecer un diálogo entre los habitantes de las poblaciones indígenas y el Poder Legislativo, para mejorar los marcos normativos a través de su participación.

Se plantea que en la consulta, se cuenten con la participación de instituciones educativas como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis y de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y organizaciones de carácter internacional, como observadores de este proceso.

En la reunión, se indicó que luego del diagnóstico, viene la etapa de la metodología para poder realizar la consulta directa en campo, y poder socializar entre los pueblos y comunidades indígenas las propuestas que existen para reformar el marco jurídico estatal, y de manera particular la Ley Electoral del Estado.