La reciente “tarjeta informativa” emitida por Petróleos Mexicanos (PEMEX) sobre el uso de explosivos en la Huasteca potosina ha sido calificada por activistas y defensores del territorio como una “trampa de palabras”. Aunque la empresa estatal sostiene que los permisos solicitados ante la SEDENA en municipios como San Antonio, Tanlajás y Ébano son trámites de rutina para estudios sísmicos y no para fracturación hidráulica (fracking), la población local mantiene su rechazo y alerta sobre las inconsistencias del comunicado.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, señala que PEMEX incurre en graves omisiones al minimizar el alcance del proyecto. El comunicado se centra en zonas específicas, ignorando que el plan estratégico de la petrolera abarca un vasto territorio que incluye a otros once municipios, desde Tamuín hasta Xilitla, donde la exploración y explotación de hidrocarburos representan una amenaza directa para los manantiales y la biodiversidad regional.
Uno de los puntos más críticos es la terminología empleada. Según las comunidades, PEMEX ha dejado de usar el término “fracking” en sus documentos oficiales para sustituirlo por conceptos como “explotación de yacimientos de geología compleja” o “no convencionales”. Los críticos advierten que este cambio de nombre busca eludir el rechazo social, ocultando que la técnica sigue siendo la misma y que los riesgos para el medio ambiente persisten.
Asimismo, la narrativa oficial que vincula los explosivos exclusivamente a “estudios sísmicos” ha sido cuestionada. Los expertos y habitantes locales subrayan que la detonación de dinamita es un paso obligatorio e inicial para mapear el terreno antes de proceder con el fracking. Cuestionan que, si los campos como San Pedro o Limón están en desuso, no existe una razón lógica para tramitar permisos de alto peligro si no se tiene la intención de reactivar la explotación extractiva en la zona.
Finalmente, el pronunciamiento resalta la violación sistemática al derecho a la consulta indígena. Al no haber obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las asambleas comunitarias, PEMEX habría actuado a espaldas de la población. Ante este escenario, los habitantes de la Huasteca reafirman su postura de “no consentimiento” y exigen a las autoridades la cancelación definitiva de los permisos de explosivos, apelando al compromiso de la administración federal de prohibir el fracking en defensa del agua y la vida.