Podría ser ahora utilizado como un cuartel de la Guardia Civil Estatal

Durante años, el Centro Penitenciario Estatal de Matehuala tuvo un olvido institucional por parte de gobiernos de la “herencia maldita”, que permitió el inicio de prácticas irregulares como el autogobierno y la falta de orden y control al interior, señaló el titular de Prevención y Reinserción Social, Jesús Juárez Hernández, al avalar el acuerdo administrativo publicado recientemente en el Periódico Oficial del Estado que establece la desaparición de este penal. Condiciones deplorables, inseguras y una serie de fallas de infraestructura generaron que el nuevo Gobierno, pese a sus esfuerzos para rescatarlo y reestructurar su operación, determinará cerrarlo definitivamente, pues además se presentó un informe en donde se detallaba que requería de una fuerte inversión pública, pero al final se consideró que era inviable seguirlo sosteniendo, dijo.

Detalló que, tras un análisis por parte de autoridades involucradas, entre ellas, la Tercera Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se decidió dejar inoperante este Centro Penitenciario. “Personal de la Visitaduría consideró positivo el cierre de dicho Centro, situación Que a su vez expondrán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como parte de una evaluación anual que se realiza ese organismo”, explicó.

La omisión de gobiernos pasados que no dieron la importancia que requería el Sistema Penitenciario, y que jamás le apostaron a la verdadera reinserción, derivó en que los problemas crecieran hasta convertirse en una bomba de tiempo que la actual administración estatal atendió y trató de darle alternativas de solución, como el traslado constante de Personas Privadas de la Libertad hacia reclusorios del Estado y de otras partes del país, subrayó Juárez Hernández.

Siempre hubo atención en este centro, pero su problemática compleja no permitió seguirlo sosteniendo, pues incluso se advirtió en su momento de riesgos de fuga”. Finalmente, informó que el edificio inaugurado en el año 1989, podría ser ahora utilizado como un cuartel de la Guardia Civil Estatal, dentro de los objetivos de este Gobierno para mejorar los esquemas de seguridad pública.