Denuncian omisiones graves y justicia selectiva a favor del diputado Héctor Serrano. Acusan rezago de 5 años en casos de víctimas

Rocío López| Corresponsal

San Luis Potosí, SLP.- La protesta del colectivo Vozes por la toma de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí escaló a nivel federal.

El Colectivo Vozes por la Dignidad presentó una denuncia formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para solicitar la intervención y exigir la remoción de la titular Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

El colectivo mantiene tomada la sede de la CEDH en la capital potosina desde hace dos días. Acusan que la presidenta dio trato preferencial y resolvió en solo seis meses la queja del diputado Héctor Serrano contra el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, por supuesta discriminación, mientras más de 120 quejas de víctimas de trata, pueblos originarios, personas con discapacidad y madres buscadoras llevan años en el rezago.

En el documento dirigido a la Mesa Directiva del Senado, los denunciantes aseguran que bajo la gestión de Argüelles Moreno, la CEDH dejó de cumplir su mandato constitucional de defender a las víctimas y se convirtió en un aparato burocrático omiso, opaco y subordinado a intereses.

Entre las irregularidades que documentan con base en actas del propio Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señalan el uso faccioso del organismo para emitir una recomendación a la medida a favor del legislador, mientras se mantiene un rezago histórico de cinco años.

También acusan el incumplimiento desde 2021 en la entrega del informe especial sobre desaparición forzada, la falta de pronunciamiento ante casos de tortura y hacinamiento en penales y haber permitido el levantamiento irregular de la Alerta de Violencia de Género en municipios de alta peligrosidad como Tamazunchale, Tamuín y Matehuala.

Denuncian además opacidad presupuestal, al entregar presupuestos e informes anuales ante el Congreso local de manera unilateral sin la aprobación del Pleno del Consejo Ciudadano, y falta de transparencia en el manejo de salarios y contratos a despachos externos.

A esto suman el silencio institucional frente a actos de represión contra manifestantes del 8M, activistas y personas detenidas por la denominada Ley Serrano.

Por ello, solicitan al Senado admitir la denuncia, investigar las omisiones y actos de corrupción señalados, y exigir la separación del cargo de Giovanna Argüelles.

El colectivo advirtió que mantendrá la toma pacífica y permanente de las instalaciones hasta obtener una respuesta.