Documentos administrativos confirman que la separación del cargo se formalizó con carácter voluntario e irrevocable desde marzo de 2024

Documentos oficiales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí comprueban que el diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de procurador Urbano el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del primero de marzo, según consta en cuatro documentos administrativos que acreditan tanto la solicitud del entonces funcionario como el procedimiento seguido para formalizar su baja.

Por lo tanto, los dichos del alcalde Enrique Galindo Ceballos carecen de toda veracidad y fueron vertidos con dolo y mala fe para evadir los señalamientos que hay en contra del edil capitalino por tener en la nómina a un directivo y consejeros del Partido Acción Nacional como funcionarios municipales sin haber constancia de que asistan al ayuntamiento y realicen una labor determinada; el diputado Gámez planteó una auditoría especial y juicio político al alcalde Galindo por afectar el erario municipal con el pago a “aviadores”.

La documentación oficial que demuestra que el diputado Gámez dejó de laborar en el Poder Ejecutivo Estatal incluye la carta de renuncia, un memorándum de la Secretaría General de Gobierno, un aviso preventivo de suspensión de pago y el formato oficial de movimiento de personal; los cuatro documentos coinciden en establecer que la separación del cargo se tramitó bajo la figura de renuncia voluntaria, sin que en ellos se consigne alguna causa distinta.

En su escrito dirigido al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, Gámez Macías manifestó expresamente que, por convenir a sus intereses, presentaba con carácter irrevocable su renuncia al puesto que desempeñaba como titular de la Procuraduría Urbana del Estado, dependencia sectorizada a la Secretaría General de Gobierno.

La renuncia fue recibida el mismo 29 de febrero de 2024 y posteriormente turnada a la Dirección General Administrativa mediante el memorándum SGG/0527/2024, suscrito por Mariana Cervera Rodríguez, entonces directora general técnica del despacho del secretario general de Gobierno, quien solicitó realizar los trámites administrativos correspondientes para formalizar la separación del funcionario.