• La revisión de expedientes abarcará las cuatro regiones y dará prioridad a personas indígenas, adultas mayores y casos susceptibles de beneficios legales.

Dependencias estatales y federales establecieron una ruta conjunta para ampliar la orientación y representación jurídica de las personas privadas de su libertad en los centros estatales de reinserción social, conforme a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

La Defensoría Pública del Estado, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y el Instituto Federal de Defensoría Pública iniciarán la revisión de casos que requieran apoyo jurídico, además de analizar expedientes de personas que puedan acceder a beneficios previstos en la ley, entre ellos la preliberación.

El titular de la Defensoría Pública, Edgar Valdez Zavala, explicó que esta coordinación permitirá brindar acompañamiento en asuntos jurídicos y orientar a quienes no cuentan con recursos para contratar representación particular, mediante las jornadas que ya se desarrollan dentro de los centros penitenciarios.

En la reunión participaron Carmen Villa Galarza, titular de Prevención y Reinserción Social, y Norma Angélica Zárate Santos, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, quienes acordaron mantener mecanismos de atención conjunta en favor de una adecuada reinserción social.