El gobernador encabezó la apertura de auditorías a recursos federalizados y destacó que Federación, Estado y los 59 municipios trabajan coordinadamente para garantizar cuentas claras

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2025, donde afirmó que en San Luis Potosí cada peso público debe comprobarse, transparentarse y someterse a la revisión de las instancias correspondientes, como parte de una política de gobierno basada en la rendición de cuentas y el manejo responsable de los recursos.

Ante el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, así como el del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López, autoridades estatales y de los 59 municipios, el mandatario estatal sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permite cerrar espacios a la opacidad y garantizar que los recursos públicos lleguen a donde realmente se necesitan.

“En San Luis Potosí las cuentas son claras. Cada peso que se gasta tiene que estar sustentado, comprobado y abierto a la fiscalización; ese es el compromiso que tenemos con las y los potosinos”, afirmó Ricardo Gallardo, quien destacó que el estado mantiene plena disposición para atender cualquier proceso de revisión institucional.

El gobernador resaltó que estos trabajos se desarrollan a partir del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado entre la ASF y el IFSE, mediante el cual se homologarán criterios, metodologías, procedimientos y herramientas tecnológicas, además de ampliar la capacitación y el intercambio de información para mejorar la vigilancia de los recursos federales ejercidos en los 59 municipios.

Ricardo Gallardo puntualizó que una administración transparente permite convertir los recursos públicos en resultados visibles para la población, por lo que su gobierno mantendrá una política de puertas abiertas a la fiscalización y de responsabilidad en el gasto, para que el dinero público se refleje en obras, servicios y programas que respondan directamente a las necesidades de las familias potosinas.