Desde el comienzo del nuevo Gobierno estatal, la Defensoría Pública del Estado fortalece su capacidad y servicios para ofrecer políticas para la defensa jurídica y la protección a intereses de las personas, grupos y comunidades más vulnerables de San Luis Potosí, informó su titular, Jaime Gutiérrez Barrios.

Explicó que el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona impulsó un trabajo de mejora y atención a la defensa de cualquier ciudadano y ciudadana, en grupo o en lo individual, que por razones económicas, sociales, étnicas, geográficas o culturales no cuentan con los recursos necesarios para una representación legal, garantizando que sus derechos políticos, humanos, sociales y de cualquier índole les sean respaldados.

Denunció que, como parte de la herencia maldita, en el anterior sexenio hubo retraso en la capacitación del personal y que diversas áreas de relevancia estaban en descuido, debido a que anteriores funcionarias y funcionarios daban el pretexto de la falta de presupuesto y la presencia de la pandemia por Covid-19, cuando lo que se requería era voluntad institucional.

El funcionario manifestó que en los últimos meses se han gestionado talleres, cursos y actividades de profesionalización a quienes fungen como defensores y defensoras litigantes en la dependencia, por parte de especialistas en la función pública federal, lo cual ha permitido consolidar la defensa técnica-jurídica que se ofrece a la población potosina.

Entre esto, Gutiérrez Barrios destacó las últimas actividades como el primer Taller de Responsabilidades Administrativas y Defensa Jurídica para todo el personal de la dependencia, con lo que mejoran sustancialmente el servicio a las y los usuarios; así mismo, la participación de más de 150 profesionistas en Derecho, en la conferencia “Sistema Anticorrupción y su tipología” para fortalecer su responsabilidad en el ejercicio público y dar mejores resultados a la ciudadanía.