La diputada de Morena Marite Hernández afirmó que la reunión con los funcionarios estatales deberá ocurrir la próxima semana

La presidenta de la Comisión de Vigilancia diputada Marite Hernández Correa afirmó que en estos momentos no existen elementos técnicos para juzgar si el derrumbe de la cimbra de un brazo en el Distribuidor Juárez, implica la posibilidad de que haya irregularidades porque las investigaciones apenas se van a realizar.

En ese sentido, la reunión que tendrán los diputados con los funcionarios estatales involucrados en el tema, deberá realizarse a más tardar la próxima semana, una vez que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) definan el formato que se aplicará, el cual debe ser abierto y no tan riguroso.

“Debe ser una reunión con el formato de una mesa de trabajo, donde todos podamos preguntar u haya tiempo suficiente para la respuesta, aunque ya hubo una reunión con representantes de la Junta Estatal de Caminos, sin embargo, hay dudas por resolver y la ciudadanía lo que está exigiendo es una rendición de cuentas a fondo”, expuso.

La legisladora Marite Hernández señaló que el formalismo de realizar la reunión en el pleno como si fuera una comparecencia no es viable, “lo ideal es que haya libertad en el formato para que los ciudadanos se informen con claridad”.

Dejó en claro que no es posible emitir un juicio sobre lo que pasó si no hay elementos suficientes, por eso es importante la reunión, se habla de fallas técnicas, pero finalmente las investigaciones van a dar claridad”.

En la sesión del pasado jueves, el pleno aprobó por mayoría un punto de acuerdo para requerir la comparecencia conjunta de Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas, Marcos Enrique González Vega, director de la Junta Estatal de Caminos y Gabriel Rosillo Iglesias, contralor general del Estado, a efecto de que rindan informe pormenorizado del estado en que se encuentra el desarrollo de la obra construcción de dos brazos del Distribuidor Vial Benito Juárez.

También pidieron al gobernador del Estado, al director de la Junta Estatal de Caminos, a la Auditoría Superior del Estado y a la Auditoría Superior de la Federación, realizar una auditoría que permita conocer la situación financiera, jurídica y técnica de la obra, la ejecución de los recursos invertidos, y quiénes han sido los beneficiarios directos con ventas, adjudicaciones y generación de infraestructura urbana e hidráulica, a fin de determinar la capacidad para llevar a cabo el proyecto, y verificar la calidad de los insumos que una obra de tal importancia requiere.