El operativo de la GCE permitió detener a 11 personas y asegurar junto con FGR alrededor de 500 kg de sustancias y precursores químicos en Santa María del Río.
Este aseguramiento representa aproximadamente 10 millones de dosis potenciales, con una afectación a la delincuencia de hasta 500 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó que las acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional permitieron desactivar una estructura delictiva que pretendía establecerse en San Luis Potosí, antes de que pudiera consolidar sus operaciones y comenzar la producción de sustancias ilícitas en territorio potosino.
Explicó que la Guardia Civil Estatal (GCE) logró la detención de 11 personas, todas originarias de Sinaloa, Durango y Sonora, en el municipio de Santa María del Río, y posteriormente se dio parte a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que realizó los cateos, donde se aseguraron alrededor de 500 kilogramos de metanfetamina, 23 kilogramos de marihuana y más de 2 mil 500 litros de precursores químicos, además de diversos equipos y materiales utilizados presuntamente para el procesamiento de sustancias.
Juárez Hernández señaló que se trata de un hecho relevante, pues no se habían detectado este tipo de instalaciones en San Luis Potosí, tras resaltar que este aseguramiento representa aproximadamente 10 millones de dosis potenciales, con un valor estimado de hasta 50 pesos por dosis en el mercado ilícito, lo que representa una afectación de hasta 500 millones de pesos.
Añadió que los análisis periciales de la FGR determinarán las características y condiciones de las sustancias aseguradas, así como el proceso en el que se encontraban, mientras que corresponderá a dicha autoridad informar sobre los resultados definitivos de la investigación y la situación jurídica de las personas detenidas.
Finalmente, el secretario de Seguridad destacó que este resultado es producto de la coordinación permanente entre la Guardia Civil Estatal, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, y subrayó que la intervención oportuna permitió impedir que esta estructura pudiera asentarse y desarrollar sus actividades en la entidad.