Redes de vigilancia clandestinas son utilizadas para espiar movimientos policiales y de grupos antagónicos de la delincuencia.

Autoridades estatales alistan una iniciativa de ley tendiente a sancionar penalmente a las personas que instalen y den uso ilegal a las cámaras de videovigilancia, en razón de que se ha descubierto esta nueva modalidad por parte de grupos de la delincuencia organizada para realizar labores de espionaje sobre movimientos policiales e inclusa de grupos antagónicos.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estado, José Luis Ruiz Contreras, indicó que se trata de un trabajo conjunto entre la SSPCE, Poder Judicial del Estado, Congreso del Estado y la Fiscalía General del Estado, para homologar criterios y presentar una iniciativa debidamente sustentada y que permitira poner freno el llamado “halconeo digital”.

En lo que va de la gestión a su cargo, explicó el maestro Ruiz Contreras, se han dado históricos aseguramientos de más de 200 video cámaras clandestinas inclusive de auténticos C-3 como ocurrió en Huichihuayán en la Huasteca potosina, en fechas recientes se han desmontado dichos equipos principalmente en la capital potosina, Venado, Charcas, Matehuala, Moctezuma y Ciudad Valles.

Las autoridades involucradas reconocen la necesidad de presentar ante la justicia a las personas que instalen, manipuen circuitos cerrados o sistemas digitales de videovigilancia, en razón de que no hay una legislación al respecto, por lo que se sentaría un precedente muy importante.

Por último, aseguró que desde las mesas de seguridad se han generan acciones para que sean retiradas las cámaras que son colocadas en postes de telefonía o energía eléctrica para ello, se sigue un protocolo de actuación en el sentido de preguntar a particulares o comerciantes si están a su cargo y cuando no hay un propietario se procede a retirarlas otra de las cosas que se toma en cuenta es la dirección a la que apuntan como pueden ser a pie de carretera.