Para proteger la salud pública y fortalecer la seguridad de las personas que recurren a procedimientos estéticos, la diputada Frinne Azuara Yarzabal presentó una iniciativa para adicionar el artículo 246 Bis y reformar el artículo 247 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, a fin de tipificar y sancionar la usurpación de funciones médicas y la práctica indebida de la cirugía estética.

La legisladora señaló que en San Luis Potosí se ha documentado un incremento en la realización de procedimientos estéticos por personas que carecen de la preparación profesional y del reconocimiento de los colegios médicos especializados. Asimismo, advirtió que algunos centros educativos ofrecen licenciaturas relacionadas con la reconstrucción estética que no otorgan a sus egresados la facultad legal para practicar procedimientos quirúrgicos.

La iniciativa propone imponer penas de tres a ocho años de prisión y multas de 300 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien incurra en el delito de ejercicio ilegal de la profesión en su modalidad de usurpación médica, al realizar actos propios de la cirugía plástica, estética o reconstructiva sin contar con título y cédula profesional de Médico Cirujano, así como con la especialidad médica legalmente reconocida en esa materia.

Además, la propuesta establece que para efectos de este nuevo artículo, se entenderá por actos médicos invasivos aquellos que impliquen la penetración del cuerpo humano mediante instrumentos, agujas, cánulas o cualquier otro medio que represente un riesgo para la salud o la integridad física de las personas.

La diputada Frinne Azuara Yarzabal destacó que para ejercer como cirujano plástico es indispensable contar con el título de Médico Cirujano, haber concluido una residencia en cirugía general, cursar la especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, además de mantener vigente la certificación correspondiente.

Indicó que la práctica de cirugías estéticas por personas sin la preparación y acreditación necesarias ha provocado daños irreversibles en la salud de pacientes y ha generado un ambiente de desconfianza hacia los profesionales que sí cumplen con los estándares de formación, certificación y ética médica.

Además tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico estatal para proteger la salud pública, garantizar un ejercicio profesional responsable y seguro, así como armonizar la legislación de San Luis Potosí con las disposiciones nacionales y las reformas aprobadas en otras entidades del país.

La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia; y, Salud y Asistencia Social para su análisis.