#México | Existe una necesidad de atender urgentemente la problemática sobre la violencia de género contra las mujeres

México.- La Cámara de Diputados aprobó por consenso, en lo general y particular, con 351 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que establece sanciones administrativas graves a los servidores públicos que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, realicen actos de hostigamiento y acoso sexual.

Con la adición de la fracción XIV al artículo 7 y de los artículos 64 Ter y 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece la obligación para los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a todas las mujeres a una vida libre de violencia.

Lo anterior, de conformidad con la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los Tratados Internacionales en la materia de los que México sea parte.

En el documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se determina la responsabilidad administrativa del servidor público que dilate, obstaculice o impida de manera injustificada la implementación de la alerta de violencia de género, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Atender urgentemente esta problemática

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) señaló que el documento hace evidente la necesidad de atender urgentemente la problemática sobre la violencia de género contra las mujeres. Las reformas, aseguró, responden a un panorama de violencia de género que alcanza a las instituciones públicas.

Mencionó que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el 48 por ciento de los presuntos culpables se encuentran laborando actualmente; hay carpetas abiertas contra 358 funcionarios públicos.

El Estado –expuso– tiene el reto de reforzar su estrategia de seguridad pública, así como enfrentar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a las mujeres y niñas, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política y en cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.