Cambios en las leyes establecen penas de hasta 12 años de cárcel y multas superiores a los 100 mil pesos para autoridades y periodistas que divulguen información sensible

El Senado de la República de México aprobó cambios significativos en las leyes para castigar con dureza a aquellos que difundan imágenes e información de víctimas de violencia.

En una decisión unánime, los legisladores de la Cámara Alta han establecido penas que pueden llegar hasta los 12 años de cárcel e imponer multas superiores a los 100 mil pesos a las autoridades e individuos que violen estas disposiciones, con sanciones agravadas en casos de ser mujeres, adolescentes o tratarse de información relacionada a cadáveres.

Estas enmiendas, que también aplican a periodistas y representantes de medios de comunicación que publiquen información sensible obtenida de procesos penales o carpetas de investigación, tienen como objetivo proteger la privacidad y dignidad de las víctimas de violencia, evitando la revictimización a través de la difusión irresponsable de su imagen y datos personales.

La pena de cárcel puede oscilar entre los seis y los doce años, mientras que las multas para quienes cometan este delito en el Código Penal mexicano se establecen entre 500 y mil unidades de medida y actualización (UMA), lo que equivale a un rango de 51 mil 870 y 103 mil 740 pesos. Estas cifras se incrementarán en un cincuenta por ciento adicional cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o cuando la información involucre cadáveres.

Con estas medidas, se espera no solo frenar el irrespeto a la privacidad de las víctimas, sino también concientizar a la sociedad sobre la importancia de tratar con cuidado y sensibilidad los casos de violencia. La legislación busca garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas en procesos penales, evitando la revictimización y promoviendo la justicia y la empatía en el tratamiento de estos temas sensibles.

Esta aprobación por unanimidad en el Senado es un paso importante hacia la protección de las víctimas de violencia y la promoción de una comunicación y periodismo ético en México. A través de estas medidas, se fortalece el marco legal y se envía un mensaje claro de que la difusión irresponsable de información e imágenes no será tolerada, buscando así construir una sociedad más justa y respetuosa con los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.