Miami.- Organizaciones sin fines de lucro, activistas y funcionarios libran una carrera contra el tiempo, tratando de vacunar contra el COVID-19 a miles de trabajadores agrícolas migrantes que no fueron considerados una prioridad en la Florida y que ahora se aprestan a viajar al norte para participar en las cosechas de otras regiones.

Activistas les están pidiendo a las autoridades que se movilicen rápidamente en áreas como Homestead, al sur de Miami, e Immokalee, al este de Naples, y que sean más permisivas respecto a las pruebas de residencia ahora que el estado redujo la edad requerida para vacunarse. Dicen que muchos trabajadores agrícolas están en el país sin permiso de residencia y no tienen licencias de conducir ni ninguno de los otros documentos que se pide a la gente.

Funcionarios del condado de Miami-Dade les dijeron a activistas y trabajadores agrícolas el miércoles, en una mesa redonda sobre la distribución de vacunas, que no se preocupasen por los documentos y se concentrasen en ver dónde podían conseguir la vacuna.

“Creo que podemos manejar el tema de las identificaciones. Solo necesitamos números y lugares. Necesito saber dónde quieren que vayamos y cuántos son. Eso es lo que pedimos”, expresó Frank Rollason, director de manejo de emergencias de Miami-Dade.

Grupos como la Coalición de Trabajadores de Immokalee se quejan de que el gobernador de la Florida Ron DeSantis no dio prioridad a los trabajadores del campo al establecer quiénes se vacunas primero, como hicieron otros gobernadores. La comisionada de agricultura de la Florida Nikki Fried dijo que le viene pidiendo al gobernador desde diciembre que autorice la vacunación de los trabajadores agrícolas.

El plan de vacunación impidió a las clínicas de barrio que comenzasen a vacunar esta población porque buena parte de los trabajadores agrícolas son jóvenes. Desde enero, por otro lado, se exige prueba de residencia en la Florida, lo que constituyo otro obstáculo para muchos trabajadores.

DeSantis se guía por la consigna “primero los mayores” y las personas con problemas de salud y policías, bomberos y maestros de cierta edad.

“Tuvimos restricciones mucho tiempo. Hasta hace poco (se vacunaba) solo a los mayores de 65 años, luego a los de 50. Y la mayoría de los trabajadores agrícolas son más jóvenes”, manifestó la doctora Emily Ptaszek, directora de la Healthcare Network, una red que sirve a trabajadores agrícolas migrantes en Immokalee.

La Florida bajó la edad límite para vacunarse a 40 años el lunes pasado y a partir del próximo lunes vacunará a toda persona de 30 años o más.

Lupe Gonzalo, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (Coalition of Immokalee Workers), dice que los trabajadores agrícolas están muy expuestos al virus porque generalmente viven muchos en una casa y viajan amontonados en buses o camionetas. Gonzalo asegura que muchos de ellos tienen problemas de salud que los hacen más vulnerables a sufrir contagios graves de COVID-19.

“Es una batalla cuesta arriba para que el condado y el estado aporten los recursos para nuestra comunidad”, manifestó. “Nos catalogan como trabajadores esenciales, pero nos tratan como si fuésemos descartables”.

Las pruebas del COVID en comunidades rurales como Immokalee empezaron tarde el año pasado, solo después de que la coalición contactase a la organización internacional de ayuda Médicos Sin Fronteras. Immokalee y otras comunidades de inmigrantes sufrieron brotes del coronavirus.

La Florida tiene unos 100.000 trabajadores agrícolas. La doctora Ptaszek dice que una quinta parte viven en Immokalee y que pronto partirán al norte, a estados como Georgia, Tennessee y Nueva Jersey.

Con información de AP