El diputado René Oyarvide Ibarra dijo que será para un periodo de 9 años, comprendido del 2023 al 2032, contados a partir de la fecha del nombramiento y toma de protesta

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, aprobó la Convocatoria Pública para el nombramiento de la persona que ocupara el cargo de Auditora o Auditor Superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, para un periodo de 9 años, comprendido del 2023 al 2032, contados a partir de la fecha del nombramiento y toma de protesta.

El diputado René Oyarvide Ibarra, presidente de la Comisión de Vigilancia, indicó que el dictamen respectivo será turnado al Pleno en la Sesión Extraordinaria programada para este miércoles 13 de septiembre, a fin de que sea aprobada y posteriormente publicada en el Periódico Oficial del Estado, para iniciar con la recepción de propuestas, del 18 al 22 de septiembre del año 2023, en horario de 9:00 a 15:00 horas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

“Hoy con la construcción de esta nueva Ley de Fiscalización, se permite una apertura total, para la recepción de propuestas; se va a votar en la Sesión Extraordinaria se publica y se abre la convocatoria para el 18 de septiembre en una semana se recibe la documentación y posteriormente, vamos a trabajar para tener las entrevistas con las y los interesados que cumplen con la documentación”.

La propuesta de convocatoria establece los requisitos de: ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, y ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año de prisión.

Haber residido en el Estado durante los tres años anteriores al día de su nombramiento; no haber sido Gobernador, Fiscal General, Magistrado, Senador, Diputado Federal o Local, Secretario de Finanzas o Contralor General, Presidente Municipal, Regidor, Tesorero o Síndico Municipal, Oficial Mayor, en el año inmediato anterior a la propia designación; contar al momento de su nombramiento, con experiencia plenamente comprobada de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Contar al día del nombramiento con título y cédula profesional de licenciatura en contaduría pública, en derecho, abogada o abogado, en administración, administración pública o en economía, o cualquiera otra profesión relacionada con las actividades de fiscalización, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con una antigüedad mínima de diez años; no haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado; no tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa.

El legislador René Oyarvide indicó que dentro de la documentación solicitada, se establece la entrega de constancia de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del Estado, con antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria; y constancia expedida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, de no inscripción en el Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas del Estado.

En ambos casos, se establece también la posibilidad de entregar escrito que contenga declaración bajo protesta de decir verdad, no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa; o que no ha sido condenado por delito intencional que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año de prisión, o por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, o por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Además, de la entrega de currículum vitae en versión pública; constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento del municipio que corresponda, que acredite una residencia efectiva en el Estado de cuando menos tres años anteriores al día del nombramiento, con antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria; y constancia de no inhabilitación para ejercer en el servicio público, expedida por el Instituto de Fiscalización Superior, con antigüedad no mayor a treinta días naturales contados a partir de la publicación de la presente Convocatoria.

Se indica que la Comisión de Vigilancia podrá realizar las acciones necesarias para verificar la veracidad de la información presentada por las personas solicitantes.

El legislador Oyarvide Ibarra indicó que al concluir el plazo para la recepción de solicitudes, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, procederá a la revisión de las solicitudes presentadas, así como documentos acompañados, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, y dará a conocer en su portal web www.congresosanluis.gob.mx, una lista con los nombres de todas las personas que hayan presentado solicitud.

Posteriormente, se plantea llevar a cabo entrevistas en forma individual con cada una de las personas participantes, para cuyo fin determinará el formato, así como la fecha, hora y lugar para su desahogo; al concluir, presentará un dictamen que contendrá una lista con los nombres de todas las personas que se consideren elegibles al cargo para que sea elegido por el pleno del Congreso del Estado, y rinda protesta de ley.

Finalmente, el legislador manifestó que se tiene previsto presentar el dictamen ante el pleno, durante el próximo periodo ordinario que iniciará el 15 de septiembre.