Esto permitirá la implementación en tiempo y forma del código nacional de procedimientos civiles y familiares

La diputada Cinthia Segovia Colunga, presidenta de la Directiva y de la Comisión de Justicia, participará en los trabajos de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, que permitirá la implementación en tiempo y forma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Señala que de acuerdo a los artículos transitorios del Decreto que expide el Código, publicado el 7 de junio de esta anualidad, deberá entrar en vigor gradualmente, iniciando con el orden federal; y para las Entidades Federativas, de conformidad con la Declaratoria que al efecto emita el Congreso Local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder del 1o. de abril de 2027.

La comisión que instrumentará este Código, está integrada por: el titular de la Secretaría de Gobernación; el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; presidentas y presidentes de las comisiones de Justicia de los Congresos Locales; presidentas o presidentes de los Consejos de la Judicatura Locales; y representaciones de las Comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; así como del Consejo de la Judicatura Federal.

La legisladora Segovia Colunga recordó que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, recientemente aprobado por el Senado de la República, es un instrumento que busca establecer procedimientos homologados en todo el país, para dirimir las controversias entre particulares.

Señala que este Código busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones, habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos, postulados y principios contenidos en la Constitución.

Integra, además, un modelo en el que se impulse el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales, para unificar los criterios y bases normativas a fin de materializar el ideal histórico de justicia y equidad en la solución de conflictos.