El diputado José Luis Fernández dijo que existe un estira y afloja jurídico, hay resistencia a sujetarse a las medidas de cambio en beneficio de la sociedad 

Tarde o temprano quedará firme el Decreto que establece la gratuidad en los estacionamientos de centros comerciales, como parte del Derecho a la Ciudad que impulsa la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos jurisdiccionales, dijo el diputado José Luis Fernández Martínez.

“Nos encontramos en un estira y afloja jurídico, hay resistencia a sujetarse a las medidas de cambio en beneficio de la sociedad, cuando estamos en el proceso de construir una nueva manera de hacer gobierno en San Luis Potosí”, señaló el presidente de la Comisión de Gobernación.

Afirmó que las impugnaciones por parte de los dueños de estacionamientos de centros comerciales son hasta cierto punto normales, hay resistencia al cambio y hay sectores afectados con esta medida que es en beneficio de los intereses mayoritarios de la población, pero no se ve así.

“Habíamos advertido que esta norma iba a tener discusión en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados, que al final de cuentas lo que hacen es perfeccionar nuestras normas y será interesante ver la sentencia final, qué opinan los órganos jurisdiccionales respecto a las decisiones, porque se está invocando el Derecho a la Ciudad, a tener una ciudad equilibrada y justa”.

El diputado Fernández Martínez añadió que son los ayuntamientos quienes tienen qué hacer valer esta norma y al existir las suspensiones para la aplicación en tanto se resuelven de fondo los juicios, las autoridades deben respetar las decisiones y por ello, hay que pedirles paciencia a los ciudadanos porque la gratuidad en estacionamientos será una realidad tarde o temprano.

Puntualizó que los empresarios están en su derecho de hacer valer lo que a sus intereses convenga, pero también “nosotros tenemos el derecho de velar por los intereses de los ciudadanos y buscaremos que haya equilibrio, que los órganos colegiados reaccionen ante estas normas modernas, alineadas a la ley y a lo que reclaman los ciudadanos”.