Este jueves se presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa ciudadana que propone que quienes roben en planteles educativos y hospitales de la entidad puedan ser acreedoras de una pena de hasta doce años de prisión y sanción pecuniaria hasta por mil 200 días del valor de la unidad de medida y actualización, es decir, 107 mil 544 pesos y que no alcancen fianza para llevar libres el proceso.

La propuesta busca reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí para quedar de la siguiente manera:

Cuando lo robado sean bienes de valor científico, artístico, histórico, religioso o cultural cuya preservación sea de interés social, se impondrá una pena de tres a doce años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a mil doscientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

“Cuando el robo sea cometido en bienes pertenecientes a una institución educativa, u hospital, se impondrá la misma pena que señala el párrafo anterior, con independencia del valor que los bienes sustraídos y se perseguirá de oficio, al ser bienes de utilidad pública”.

Dentro de la explosión de motivos de la iniciativa se expone que en las comunidades rurales de la Zona Media parte de la Huasteca, los robos en escuelas de nivel básico, hospitales comunitarios, clínicas o “casas de salud”, orientadas a la promoción de acciones preventivas en salud, han sufrido robos, irrumpiendo en sus instalaciones y apoderándose de bienes muebles que son de utilidad pública por el servicio que brindan a la sociedad.

Ante dicha situación, se busca garantizar que el robo cometido en hospitales y escuelas, se persiga de oficio, ya que, se expone, generalmente las denuncias presentadas por este delito, nos prosperan en razón de que quienes las presentan, carecen de la personalidad jurídica, quedando impune el daño causado a los bienes públicos y a la sociedad.