#CongresoSLP | De no cumplirse en tiempo y forma, podrían estar sujetos a sanciones administrativas

San Luis Potosí.- El Congreso del Estado se encuentra preparado para recibir a más tardar el próximo 15 de marzo, las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de los 114 entes auditables que están obligados a presentarlas en tiempo y forma a fin de fiscalizar la correcta aplicación de recursos públicos, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXII Legislatura, diputado José Antonio Zapata Meraz.

Expuso que existe la garantía de que el proceso de fiscalización de las cuentas públicas se desarrollará sin ningún tinte político, la población debe tener la seguridad de que las y los diputados, así como la Auditoria Superior del Estado, tienen el compromiso de verificar la correcta aplicación de recursos públicos.

De acuerdo a las disposiciones del Código Penal, los funcionarios que no cumplan con esta obligación (entrega de la Cuenta Pública), podrían ser sujetos a una sanción de tipo penal, independientemente de otras sanciones de tipo administrativo.

Por lo anterior, dijo “Estamos en espera para cumplir con la recepción de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 de los 114 entes que tienen la obligación de presentarla a más tardar el próximo 15 de marzo al Congreso del Estado y con esa recepción inicia prácticamente el proceso para la fiscalización de las cuentas públicas”.

Dijo que como Congreso del Estado “tendremos que procesar las cuentas públicas en la Comisión de Vigilancia y posteriormente enviarlas al pleno del Poder Legislativo. posteriormente serán entregadas a la Auditoria Superior del Estado (ASE) la cual evidentemente tendrá que hacer esta labor de escrutinio e información pues se tendrá que revisar lo programado por la propia Auditoria Superior del Estado, como parte de su programa anual de auditorías 2020”.

El legislador José Antonio Zapata Meraz, también se refirió a los trabajos de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2018, estas se encuentran en proceso de valoración de las evidencias que los entes públicos hicieron llegar después del proceso de observaciones.