Los montos por cada diputado son :

Desde el 18 de febrero del 2018, diversos ciudadanos interpusieron una denuncia contra estos seis diputados locales panistas de San Luis Potosí en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y hasta la fecha, su titular Federico Garza la mantiene congelada, mostrando una descarada protección a estos personajes.

En su momento, se descubrió que estos diputados entre octubre del 2015 y febrero del 2016 estuvieron usando facturas de una persona física de nombre Adriana Angélica Peredo Gómez, para supuestanmente “justificar” apoyos lesgislativos, donde simulaban que esta mujer les realizaba trabajos de mensajería, tramites ante dependencias y labor de gestoría, por lo cúal supuestamente le pagaron cerca de un millón de pesos.

Posteriormente al ingresar las comprobaciones de los diputados al Congreso Estatal, todas las facturas pagadas fueron canceladas, generando un fraude y dejando sin validez las comprobaciones que habían hecho los seis diputados panistas.

De acuerdo al resultado de la auditoría número AEFPO-D01-PL/2009-01-002 que realizó la propia Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, validó lo expuesto y denunciado por Ciudadanos Observando. El Congreso en su respuesta para intentar solventar la observación, argumentó que el responsable era la persona física que facturaba y luego cancelaba y no los legisladores. Sin embargo, en su defensa la persona que aparece en las facturas, aseguró que ella jamás trabajó ni realizó actividad alguna para esos diputados y que nunca ha tenido relación alguna con el Congreso del Estado, ni ha recibido ningún pago. Asegura haber sido víctima de un robo de identidad y presentó copia de una denuncia penal que involucra a los seis diputados panistas y a un familiar que trabajó como contadora con Héctor Mendizábal ( uno de los diputados denunciados penalmente).

Por lo tanto, la A.S.E. finalmente presume un daño o perjucio a los recursos públicos que casi llegan al millón de pesos, cuyo monto los exdiputados panistas se negaron a devolver y así haber solventado la observación, por lo que ahora procede una inhabilitación para ocupar cargos públicos y nuevas denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción.