#CongresoSLP | Los ruleteros mostraron inquietud por la acción de inconstitucional ante la SCJN contra las reformas a la Ley del Transporte y Código Penal

San Luis Potosí, SLP.- La diputada Beatriz Benavente Rodríguez recibió a un grupo de taxistas que solicitaron su intervención ante las autoridades correspondientes, toda vez que no les reconocen su antigüedad como choferes porque sus expedientes desaparecieron de los archivos oficiales y eso les impide tener acceso a una concesión.

La legisladora también les explicó que la acción de inconstitucionalidad que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a la Ley del Transporte y el Código Penal, no pretende favorecer a quienes ejercen el servicio de transporte mediante plataforma, sino simplemente que se respete la Constitución.

“Manifestaron sus inquietudes porque se presentó la acción de inconstitucionalidad una vez que entraron en vigor las mencionadas reformas, los entiendo y los respeto, pero lo que impugnamos no tiene que ver con la prestación de servicios sino porque no se hicieron las cosas de manera correcta”, explicó la legisladora.

La diputada Benavente Rodríguez dijo que las reformas están vigentes hasta que haya una definición de la Suprema Corte que podría tardar hasta nueve meses, en el sentido de que fueron legales o inconstitucionales las reformas, pues no podemos permitir que las cosas se hagan de prisa, generando problemas en vez de solucionarlos.

Consideró que las pugnas entre los conductores de taxis y los de plataforma han ido en aumento y no debe prevalecer la violencia, “por eso el Congreso del Estado tiene las puertas abiertas para resolver lo que sea necesario sin necesidad de llegar a los gritos ni a los golpes, porque lo que debe prevalecer son los derechos de todos”.

Expuso que los taxistas le presentaron casos preocupantes, ya que no puede ser reconocida su antigüedad que les da derecho a una concesión, porque simplemente sus expedientes desaparecieron y algunos datan desde finales de los años ochenta, por lo que se comprometió a pedir informes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre casos específicos.