La Fiscalía, brindó atención y asesoría con apoyo de una traductora de lengua tu’un savi, garantizando a la familia el acceso a la información y la certeza jurídica durante el procedimiento

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de agentes Fiscales adscritos a la Delegación Segunda, brindó acompañamiento jurídico y asesoría a los familiares de un niño de tres años de edad, integrante de un pueblo originario, quien perdió la vida tras un hecho de tránsito registrado en el municipio de Catorce.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de julio de 2026, en la comunidad de Estación Catorce, perteneciente a la región Altiplano, donde el menor fue atropellado y posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Desde que se tuvo conocimiento del caso, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación por el delito de homicidio por culpa, desarrolló las diligencias correspondientes y mantuvo comunicación permanente con los familiares para brindarles atención, orientación y acompañamiento durante el procedimiento.

Debido a que los familiares del niño tienen como lengua materna el tu’un savi, la Fiscalía gestionó el apoyo de una traductora para garantizar que recibieran información clara y oportuna sobre sus derechos y el desarrollo del procedimiento.

Para ello, se estableció coordinación con autoridades del Estado de Guerrero y se contó con la participación de la licenciada Ángela Rojas Toribio, traductora de la lengua tu’un savi de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como con la colaboración, mediante videollamada, de la Directora de Derechos Indígenas y Afroamericanos, Esther Gómez Pacheco, quienes brindaron certeza y acompañamiento durante la asesoría proporcionada a la familia, que, además contaban con su abogado particular que estuvo revisando el procedimiento en todo momento.

Como resultado del trabajo de la Fiscalía y del diálogo entre las partes, los agentes Fiscales condujeron las acciones necesarias para que la familia accediera a una reparación del daño a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la legislación vigente, privilegiando en todo momento la atención integral a las víctimas y el respeto a sus derechos.