Adriana “N” realizó estas acciones mientras trabajaba en el Ayuntamiento de San Ciro de Acosta

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Adriana “N”, por los delitos de abuso de confianza y ejercicio ilícito de las funciones públicas, cometidos en agravio del municipio de San Ciro de Acosta.

De los hechos de este caso, se suscitaron del 3 de enero al 12 de octubre de 2022, cuando la acusada se desempeñó como Directora de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento, dentro de la administración municipal 2021–2024, cargo desde el cual tenía a su cargo la operación y coordinación de diversos programas asistenciales.

Entre dichos programas se encontraban apoyos a diversas asociaciones y fundaciones, cuyo objetivo es la adquisición de insumos a bajo costo para la construcción de vivienda, así como productos relacionados con la construcción, semovientes y herramientas.

Durante el periodo mencionado, Adriana “N” recibió diversas solicitudes de apoyo por parte de habitantes del municipio, quienes entregaron cantidades económicas para la compra y posterior entrega de los apoyos solicitados, recursos que debían ser enterados al Departamento de Tesorería Municipal, junto con los recibos y balances correspondientes.

No obstante, derivado de la revisión de las cantidades recibidas y entregadas, se detectó un faltante económico superior al medio millón de pesos, toda vez que la sentenciada fue quien recibió directamente los recursos y expidió los recibos correspondientes, sin realizar el entero respectivo.

Estas irregularidades fueron denunciadas ante la FGESLP, quienes dieron seguimiento al caso y llevaron a la señalada ante la autoridad judicial, donde recorrió las diversas etapas del sistema penal hasta que se avanzó hasta un juicio oral.

De esta manera, la responsable del delito de abuso de confianza y de ejercicio ilícito de sus funciones recibió una sentencia condenatoria de siete años de prisión ordinaria; además, deberá pagar económicamente los conceptos de reparación del daño y una sanción pecuniaria imputada por el Estado.