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Buscan garantizar los derechos de mujeres que son víctimas de violencia

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La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero presentó iniciativa de reforma a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado

Con el objetivo de armonizar las disposiciones estatales con las federales en materia de derechos de las víctimas y reparación integral de los daños, y para la elaboración de diagnósticos locales y actualizar la definición de violencia institucional; la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero presentó iniciativa que modifica diversos artículos a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Saldaña Guerrero comentó que, su propuesta busca armonizar las leyes estatales en la Ley de Atención a Víctimas del Estado, adicionando nuevos derechos de la víctima como; el derecho al acceso universal a la justicia, que puede ejercerse mediante la asesoría jurídica especializada que, el Estado proporcione a través de convenios con organizaciones de defensa de derechos humanos pertenecientes a la sociedad civil o de instituciones privadas, debidamente especializadas y certificadas en el rubro.

Explicó que, también se propone agregar el derecho de las víctimas a tener un periodo de espera y estabilización física y psicoemocional, y para materializar esta garantía, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, tendrían que verificar que la víctima u ofendidos se encuentren en condiciones adecuadas para rendir su declaración.

“Esta garantía no solo contempla a las víctimas, sino que tiene el potencial de beneficiar el proceso al darle oportunidad a quienes rinden su declaración en estas circunstancias de aportar elementos con mayor claridad.”

Sobre la reparación integral, se proponen nuevos elementos que la complementen, como la declaración de las autoridades aplicables, que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u ofendido y de las personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite. También, la disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, en los casos en los que el delito participe un servidor público o agente de autoridad.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos e Igualdad de Género, para su estudio y posteriormente ser enviada al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y en su caso, ser votada.

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