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Confían el que la FGE llegue hasta las últimas consecuencias en el caso de la Red Metro

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El diputado René Oyarvide Ibarra pidió un voto de confianza al trabajo que está desarrollando la Fiscalía General del Estado

El presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura, diputado René Oyarvide Ibarra, pidió un voto de confianza al trabajo que está desarrollando la Fiscalía General del Estado (FGE) en torno a la denuncia que presentó el Gobierno del Estado ante el posible desfalco millonario que se registró en el proyecto de movilidad de la Red Metro durante la anterior administración estatal.

Dijo que desde el Congreso del Estado se respaldará en todo momento aquellas acciones que estén encaminadas a recuperar el dinero de las y los potosinos que fue sustraído a través de proyectos fallidos y donde sólo se buscó, el enriquecimiento de unos cuantos.

“No podemos perder de vista que actualmente, no sólo existen señalamientos de irregularidades en contra de la Red Metro, sino también en los Servicios de Salud y en la compra de Cámaras de Video vigilancia chafas”, señaló.

Sostuvo que la Red Metro, no es una excepción en el presunto manejo irregular de los recursos públicos de parte de la anterior administración estatal, esto sin contar que ese proyecto se convirtió en un golpe bajo a la movilidad de San Luis Potosí, porque “aquellos que confiamos en tener un sistema público de transporte favorable para las y los potosinos de la zona metropolitana, fuimos objeto de un engaño”.

Oyarvide Ibarra, dejó en claro que como diputado local, coincide con la política del gobernador Ricardo Gallardo en el sentido de buscar que las y los ex funcionarios estatales responsables y que estuvieron vinculados con el desarrollo del proyecto de la Red Metro, devuelvan el dinero a las arcas del Estado

El legislador, descartó que las denuncias y acciones legales promovidas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de ex funcionarios estatales tengan que ver con venganzas políticas; estas denuncias tienen un carácter de ética institucional, donde el Gobierno del Estado, tiene la obligación y la responsabilidad de recuperar el patrimonio de las finanzas de San Luis Potosí.

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