El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández comentó que Congreso del Estado aprobó punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial a que revise las condiciones de seguridad de todas sus instalaciones

El Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, para que de manera urgente, lleven a cabo la revisión de las condiciones de seguridad de todas y cada una de las instalaciones del Poder Judicial, con el fin de que se establezcan los protocolos de actuación en bien de la seguridad de quienes intervienen en las diversas instancias materia de su responsabilidad.

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández promotor del Punto de Acuerdo, señaló que, “es necesario que se blinde a las instituciones de impartición de justicia y de seguridad, adoptado medidas preventivas y protocolos de actuación que hagan posible una pronta solución a los riesgos que pueden llegar a vivir quienes laboran y acuden a las instalaciones del Poder Judicial del Estado”.

Explicó que, el pasado primero de diciembre, en el municipio de Tamazunchale, personas que se identificaron como padres y familiares de menores de edad, mantuvieron en privación de su libertad a jueces y personal administrativo del Centro de Justicia Penal ubicado en ese municipio.

La razón para que se actuara de esa forma por ciudadanas y ciudadanos inconformes fue el auto de libertad que se acordó en favor de una persona imputada por el delito de violación en perjuicio de menores de edad del municipio de Matlapa. Fue después de varias horas, y hasta que se presentó en el sitio la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, que se logró liberar a los retenidos.

Recordó que, el pasado 11 de febrero de 2022, a propuesta del diputado Rubén Guajardo Barrera, el Congreso del Estado se pronunció mediante exhorto al Poder Judicial del Estado, a fin de que elaborara un diagnóstico de seguridad en los centros de impartición de justicia, y en su caso, poner en práctica protocolos de seguridad institucional para quienes laborar y asisten a esos lugares, ello con el fin de reducir la posibilidad de que se comprometa la seguridad de los funcionaros y ciudadanos.

“Desafortunadamente a la fecha no tenemos respuesta del llamado que se hizo, y nuevamente vemos con preocupación que la seguridad de quienes colaborar en ese Poder Judicial, se encuentra comprometida por la falta de protocolos de actuación”, finalizó.