PUEBLOS ORIGINARIOS LEVANTAN ESCUDO JURÍDICO EN LA HUASTECA POTOSINA Y DECLARAN PROHIBICIÓN TOTAL AL FRACKING

En un despliegue de coordinación legal y comunitaria sin precedentes, las autoridades tradicionales de la Huasteca potosina han consolidado un blindaje institucional definitivo frente a la amenaza de la fracturación hidráulica y la explotación minera. A través de un frente unificado, las bases indígenas tomaron el control de la seguridad territorial de la región para detener cualquier intento de incursión extractiva por parte del capital transnacional o del Estado mexicano.

La contraofensiva se articuló mediante dos instrumentos jurídicos clave recabados directamente en las zonas en conflicto, los cuales formalizan el rechazo absoluto de las comunidades originarias:

1. Actas de Asamblea de No Consentimiento (Tancanhuitz, 5 de julio): Documentos de base donde los pueblos de los territorios Tének y Náhuatl dictaminaron de forma unánime e inamovible prohibir el cambio de uso de suelo en sus demarcaciones, vetando el ingreso de cualquier infraestructura o maquinaria civil vinculada a la fracturación hidráulica.
2. Pronunciamiento de Autoridades y Consejeros Nacionales del INPI (San Antonio, 7 de julio): Pliego de alta política respaldado por las rúbricas y sellos oficiales (periodo legal 2024-2027) de Jueces Auxiliares —pertenecientes a localidades como Barrio El Lejem, Colonia El Frijolillo y Barrio Pozo Blanco—, Comisariados de Bienes Comunales de Cuechod, y los Consejeros Nacionales del INPI: C. Hermelinda Vázquez, C. Angelina Reyes, C. Rafael Reyes, C. Cenorina Bernal y C. Marcos Alejo.

A través de este segundo documento, el frente indígena destaca una trama financiera operada desde la Presidencia de la República mediante un fideicomiso especializado. El objetivo de dicho fondo es abrir el subsuelo al capital extranjero, aislando las pérdidas de PEMEX y transfiriendo el impacto ecológico a las comunidades. Asimismo, alertan sobre un “teatro técnico” por parte del gobierno federal, que pretende usar un comité de científicos para simular sustentabilidad y quebrantar la resistencia local.

La defensa civil sustenta su rechazo en la inviabilidad técnica derivada de la geografía kárstica de la Huasteca. Al tratarse de un ecosistema de roca porosa, la inyección masiva de agua con aditivos químicos destruiría de forma irreversible las cuencas y pozos comunitarios en una región que ya padece un estrés hídrico crónico.

Ante la gravedad de los planes del sector energético, el frente huasteco emitió un emplazamiento obligatorio e inmediato a los tres niveles de gobierno:

Al Ayuntamiento de San Antonio: Exigen convocar en un plazo no mayor a 5 días a un Cabildo Abierto para decretar la protección municipal del suelo.

Al Gobierno del Estado: Se solicita la intervención activa de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por J. Guadalupe Torres Sánchez, a fin de que actúe como un canal de interlocución y respalde la aplicación del Principio Precautorio en la defensa de los recursos naturales y el agua de la zona.

A la Federación y PEMEX: Exigen el respeto irrestricto al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.

Al concluir el acto de manifestación y entrega de documentos, los representantes comunales sentenciaron de forma unánime la consigna que rige su movimiento legítimo:

“¡El agua y la vida no se venden, se defienden!”