Mediante la firma de un convenio de colaboración celebrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y el Instituto Nacional Electoral, alrededor de 2 mil 300 personas en prisión preventiva podrán votar en el proceso electoral 2023-2024.

Atendiendo a este derecho constitucional, se establecerán acciones en los cinco centros estatales de reinserción social para garantizar el ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva.