En el área de terapia intensiva de una clínica al noroeste de Buenos Aires las camas están vacías y los monitores de los respiradores todavía tienen el envoltorio de fábrica. Los armarios desbordan de medicamentos, jeringas y material descartable; los tubos de oxígeno están al tope mientras un tomógrafo permanece apagado. Sólo falta algo: pacientes.

La postal no concuerda con lo que sucede en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la mayoría de los hospitales ubicados en los suburbios que rodean a la capital argentina en medio de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, con un promedio de 20.000 contagios y 400 fallecidos por día en las últimas semanas. En el área metropolitana de Buenos Aires la ocupación de camas ronda el 90%.

La clínica privada San Andrés de la localidad de Caseros no funciona desde principios de año, cuando su director falleció de coronavirus y sus herederos se desentendieron de los 144 trabajadores mientras la justicia define la sucesión. Desde entonces enfermeros, radiólogos, instrumentadores y técnicos, entre otros, tomaron la clínica y reclaman a las autoridades sanitarias su reapertura.

“Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia”, dijo a AP Alicia Rey, jefa de servicio de cirugía de la clínica y que oficia de vocera del personal sanitario, sentada junto a otras compañeras en una mesa que pusieron en el hall central. “No es solamente la fuente laboral, te hablo de poder ayudar a salvar vidas que es lo que aprendimos y fuimos formados”.

La mujer reveló que “tenemos materiales descartables, drogas que lamentablemente ya se empezaron a vencer y las tenemos que tirar, es ilógico con lo que estamos viviendo”.

El caso de la clínica San Andrés pone en evidencia un problema más profundo sobre la eficiencia y rentabilidad de la salud privada en el distrito más poblado del país. Una decena de sanatorios cerraron sus puertas en el último año de pandemia.

La cámara de prestadores de salud del conurbano (CAPRESCO) estima que por ello se perdieron unas 700 camas.

“Las clínicas y sanatorios no tienen rentabilidad desde hace años, el sistema se fue desfinanciando”, afirmó el licenciado Guillermo Barreiro, administrador de una clínica y miembro de CAPRESCO. “El problema no es la falta de pacientes. Para nuestro sector la inflación es el mal de los males”.

Las clínicas de Buenos Aires se financian principalmente con la atención de obras sociales estatales como PAMI, que cubre la salud de los jubilados del sistema nacional, de sindicatos y, en menor medida, empresas prestadoras de salud.

Según Barreiro, los ingresos de las clínicas no alcanzan a cubrir los gastos, tales como insumos médicos y salarios del personal en un contexto de inflación que en 2020 fue de 36% y que este año acumula 13%.

Con información de AP