En sesión extraordinaria el pleno del Poder Legislativo reformó su Reglamen Interno y Ley Orgánica para eliminar el rubro de gestoría institucional para eliminar el concepto de gestoría institucional, considerando el principio general de derecho de que las autoridades sólo pueden hacer aquello que está establecido expresamente en la ley.

Sobre todo porque si bien es cierto en el esquema administrativo actual se establecieron reglas de operación para el ejercicio de la gestoría institucional, también lo es que dicho concepto no es compatible con las nuevas disposiciones que contempla la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Con la aprobación de esta reforma, que fue con 23 votos a favor y 3 en contra, el Congreso del Estado contará con disposiciones orgánicas que lo harán transitar de manera compatible con las normas establecidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y con la posibilidad de cumplir con parámetros de trasparencia y ejercicio de gasto en base a resultados.

Boletín de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado Jueves 12 de Julio de 2018

* En sesión extraordinaria el pleno del Poder Legislativo

reformó su Reglamen Interno y Ley Orgánica para

eliminar el rubro de gestoría institucional para eliminar el

concepto de gestoría institucional, considerando el

principio general de derecho de que las autoridades sólo

pueden hacer aquello que está establecido expresamente

en la ley.

* El pleno del Poder Legislativo aprobó por mayoría, con 16

votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, y expedió la

nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo

Urbano del Estado de San Luis Potosí, que abroga la

vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado, la cual

propiciará un crecimiento planeado, ordenado, sostenible,

resiliente, equilibrado, con mayor participación social,

movilidad adecuada y que atienda las necesidades

primordiales de la sociedad y coloque el bienestar de las

personas y los derechos humanos que rigen en esta

materia como su objeto primordial.

Además, se privilegiará que el ejercicio y la administración de los recursos públicos a disposición de este Poder Legislativo se realicen con base a los criterios de legalidad, honestidad, austeridad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia.

Lo anterior se justifica en razón a que en congruencia con la situación económica que atraviesa el país, era necesario realizar un análisis sistemático de los apoyos que verdaderamente son necesarios para la eficiencia de las tareas que desarrolla esta Legislatura, pero sobre todo, son acordes con la realidad financiera del país, de nuestro estado y de lo que demanda la sociedad.

Las iniciativas de reforma que se sometieron a votación del pleno este jueves en sesión extraordinaria, son las que presentaron el Consejo Ciudadano de Transparencia del Congreso del Estado para modificar el Reglamento Interno, y la de los diputados para modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

Con esta reforma se modifica el denominado Comité de Orientación, Gestoría y Quejas para quedar como Comité de Orientación y Atención Ciudadana, y se elimina lo relacionado a: Apoyar en la medida de las posibilidades presupuestales del Congreso, conforme a la partida que le sea asignada para tal efecto.

Además, se puntualiza que las atribuciones de la Junta de Coordinación Política serán, entre otras: Ejercer y vigilar el correcto ejercicio del presupuesto del Congreso, a través de la Oficialía Mayor, de conformidad con las atribuciones que establece el artículo 57 de la Constitución y el artículo 17 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Y de las atribuciones, entre otras, del Coordinador de Finanzas se elimina el efectuar el pago de apoyos legislativos y de gestoría, para quedar de la manera siguiente: Efectuar el pago de viáticos a los grupos parlamentarios y diputados, comisiones legislativas, todo ello de conformidad con la normatividad autorizada por la Junta de Coordinación; según se establece en el dictamen aprobado.