#SLP | El ciudadano Carlos Castillo Rodríguez informó que interpuso Juicio de Amparo ante  la Justicia Federal

Por Viviana Gámez

San Luis Potosí, SLP.- Por medio de un comunicado, el ciudadano Carlos Castillo Rodríguez informó que interpuso Juicio de Amparo ante  la Justicia Federal para la reposición del proceso y convocatoria del titular del Órgano Interno de Control de la Auditoria Superior del Estado (ASE), argumentando “la incapacidad técnica y desconocimiento del marco jurídico por parte del Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, José Antonio Zapata Méraz”.

Consideró que no se atendieron los términos de la propia convocatoria que emitió el Poder Legislativo “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el Pleno al momento de la designación de Rosalba Salazar Miranda, actual contralora de la ASE.

Asimismo,  lamentó que la pandemia por Covid-19 “fue utilizada como excusa por los legisladores para no tomarse el tiempo y la debida formalidad, para entender algunas irregularidades que hay en la elección en mención, como que Rosalba Salazar Miranda, tiene ligas directas con el súper Delegado Federal en la entidad, Gabino Morales Mendoza, al trabajar como enlace y otros cargos al interior de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en el Estado y adicionalmente, mantener filiación partidista en el partido de Morena desde el 24 de noviembre del año 2013, siendo integrante de los Órganos Estatutarios en la Asamblea Nacional Constitutiva de citado Partido Político”.

Castillo Rodríguez expuso que al elegir a Salazar Miranda, se quebrantó el Artículo 89 Quinque Fr. III de la propia Ley de Fiscalización, que, dijo, prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años.

“Tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa, se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoria Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones” reprochó.

Finalmente confió que prospere el Juicio de Amparo que tramitó.