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San Luis Potosí

Exdiputados deberán regresar el dinero que facturaron en empresas fantasma

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Fueron sancionados por la Auditoría Superior del Estado luego de las denuncias ciudadanas que señalaron a la pasada legislatura por fraude y falsificación de documentos.

San Luis Potosí, SLP.- La organización Ciudadanos Observando informó que la Auditoría Superior del Estado sancionó a siete exdiputados potosinos, quienes serán obligados a devolver el dinero que facturaron a través de empresas fantasma.

El panista Mariano Niño  fue sancionado con 101 mil 277 pesos, Sergio Enrique Desfaxiuss Cabello del PRD con 90 mil 569 pesos, la priista y excandidata al Senado Rebeca Terán Guevara con 85 mil 049 pesos, Martha Orta Rodríguez también del PRI con 65 mil pesos,  Roberto Alejandro Segovia ahora alcalde electo de Matehuala con 54 mil 896 pesos, José Belmares Herrera que dijo que era injusto que se le señalara como corrupto por haberse robado los cacahuates deberá pagar una sanción por 43 mil 122 pesos y José Ricardo García Melo de Nueva Alianza por 11 mil 454 pesos.

En total suman la cantidad de 699 mil pesos en donde se incluye los cargos de intereses como marca la ley.

Ciudadanos Observando informó que en el caso de Sergio Desfaxiuss, éste intentó pagar la sanción con recursos del propio Congreso, “no puedes robar y agarrar dinero del Congreso para tapar tus corruptelas, tiene que ser de tu bolsillo”, comentó Guadalupe González vocero de CO.

También dieron a conocer que los exdiputados Enrique Alejandro Flores Flores, Guillermina Morquecho, Jorge Luis Díaz Salinas, José Belmares y Roberto Alejandro Segovia, tienen pendientes por pagar varias sanciones en la ASE.

En la revisión que realizó la Auditoría Superior del Estado en el ejercicio fiscal 2017 detectó varias irregularidades, por lo que procedió a determinar las sanciones contras los exdiputados. Ciudadanos Observando presume que hay un fraude de al menos 40 millones de pesos.

El Frente Ciudadano Anticorrupción interpuso una denuncia ante la ASE en donde se exige una auditoría a fondo contra la pasada legislatura relacionada con los apoyos sociales, informes legislativos y supuestos cursos de capacitación.

 

 

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