#ECOLOGIA| Semarnat debe hacer cada vez más efectivos los pronunciamientos del sector ambiental ante cada hecho de agresión a las personas defensoras del ambiente
México.- El titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (Ucpast) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Benjamín Berlanga reconoció que es necesaria una gobernanza ambiental que visibilice y reconozca a las personas defensoras del medio ambiente.

Durante la cuarta videoconferencia del ciclo Diálogos Ambientales de Semarnat, con el tema:La transición ciudadana y gobernanza ambiental en defensa de los defensores ambientales, Berlanga explicó que las agresiones que sufren estos actores se debe a la pervivencia de un sistema depredador, que supedita la vida a generar valor de cambio, y desvela la debilidad de los mecanismos de justicia.

Frente a esta situación, planteó la Semarnat debe hacer cada vez más efectivos los pronunciamientos del sector ambiental ante cada hecho de agresión a las personas defensoras del ambiente, -que con sus acciones buscan salvaguardar su vida y la de todos-.

Asimismo, indicó que se requiere buscar la unión entre el gobierno y las organizaciones sociales, además de una coordinación interinstitucional con las diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales.

En este sentido, señaló la necesidad de impulsar cambios en la legislación medioambiental para asegurar una protección más activa de los recursos naturales que juegue a favor de los defensores ambientales, “que hoy ponen su cuerpo para defender la naturaleza, su vida y la vida de todos”.

Por su parte, Aarón Mastache Mondragón, coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que uno de los grandes adeudos en este país es el tema de la justicia, al prevalecer un alto grado de impunidad, como lo revelan muchos de los casos registrados de defensores de los derechos humanos y ambientales y periodistas.

Mastache destacó que la mayor parte de los beneficiarios del Mecanismo ubican en la región sur del país, encabezados por la Ciudad de México, donde se concentra el 14 por ciento.

Seguido de Chiapas, Oaxaca y Guerrero; y entre las principales causas de agresión están la defensa de la tierra y del agua, recursos afectados por la sobreexplotación minera, forestal y de cambio de uso de suelo.

Mayolo Hernández Hernández, de la Oficina del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se refirió también a la problemática que enfrentan las comunidades indígenas y agrarias con el establecimiento de grandes proyectos, tanto públicos como privados, que pretenden asentarse en sus territorios.

Dijo que tanto empresas como gobiernos los despojan de sus derechos y no los toman en cuenta en los procesos de desarrollo que pretenden llevar a cabo, aun cuando tienen sus propias propuestas, lo mismo que la academia.

Mayolo Hernández dijo que es necesario construir un diálogo permanente con las comunidades para evitar conflictos antes de que un proyecto sea aprobado por la autoridad y hacerlas partícipes en el diseño de esos desarrollos.

En su intervención, Alejandra Leyva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C., afirmó que varios países al igual que México, comparten una situación de conflictos y una complejidad de violencias contra los defensores de la tierra, el ambiente y el territorio.

Esta condición se ha recrudecido desde 2018, año en que se perpetraron 164 asesinatos contra estas personas a nivel global.

Leyva expuso que las personas defensoras ambientales ejercen este derecho en un contexto de violencia sociopolítica que registró 460 ataques entre 2012 y 2018, de los cuales 107 ocurrieron en 2015 y 85 en 2016, incremento que coincidió en México, con la aprobación de la Reforma Energética.

En 2019 se registraron 39 ataques a defensores ambientales, de los cuales seis ocurrieron en Oaxaca, cuatro en Puebla y cuatro en Morelos, y el mayor número de ellos sucedieron en el sector de la energía eléctrica.

Las principales agresiones fueron homicidio, 21.1 por ciento, amenazas, 19.3, y criminalización 15.8 por ciento. Lamentablemente, en el 40.5 por ciento de los casos se señala al gobierno como perpetrador.

En ese sentido, remarcó que los megaproyectos de desarrollo han sido detonantes de esas agresiones, y que es la minería uno de los sectores más letales, seguido de los proyectos hidroeléctricos y de energía eólica, y son Oaxaca y el Estado de México, los estados donde ocurre la mayor cifra de ataques, pero también Puebla y Morelos. Hizo notar que esto no ha cesado pese a la contingencia sanitaria que vive el país.

“Es necesario, crear una política integral de protección adecuada y efectiva para las y los defensores, reconocer su labor en la defensa de los derechos ambientales, y reconocer a pueblos y comunidades equiparables como sujetos de Derecho”, fustigó.

Finalmente, Alejandra Leyva consideró como grandes deudas con la defensoría ambiental la creación de una fiscalía especializada, así como una postura activa de las fiscalías locales y Federal para identificar a los presuntos responsables materiales e intelectuales de los ataques.