La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría dijo que el compromiso de esta legislatura es el trabajo cercano, al lado de la gente

Las diputadas y los diputados que integran la LXIII Legislatura del Congreso del Estado presentaron su Informe de Actividades del Congreso del Estado, Primer Año Legislativo, 14 septiembre 2021–13 septiembre 2022, presentado por la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva.

La legisladora destacó el compromiso de las diputadas y los diputados por trabajar de manera conjunta para impulsar acciones legislativas que sean de beneficio para la sociedad; así como la colaboración institucional con los poderes Ejecutivo y Judicial, a quienes reconoció a través de sus titulares, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Olga Regina García López, su apoyo a trabajo del Poder Legislativo.

“La divisa de esta Legislatura es el trabajo cercano, al lado de la gente, ejemplo de ello son las consultas realizadas, que se han plasmado en mejores y más humanizadas normas estatales; en cuanto a las gestiones realizadas, son el reflejo de la búsqueda de opciones que aportaron a las respuestas que fueron cuestionamientos y necesidades demandadas en su momento”.

En su intervención, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció el trabajo realizado por las legisladoras y los legisladores, fuera de partidos y de colores, ya que el compromiso es impulsar acciones a favor de San Luis Potosí.

“Nos une algo más fuerte que compartimos, el amor profundo a San Luis Potosí, hemos vencido el dominio de los intereses personales o de grupos que antes se imponían sobre las mayorías, hemos vencido a esa herencia maldita que hundió al estado en una etapa profunda de atraso y corrupción y tenemos más coincidencias que diferencias, y como Gobernador respeto la división de poderes y cada uno desde su ámbito, pero debemos trabajar para contribuir y reconstruir el nuevo San Luis Potosí”

Destacó las reformas aprobadas para la creación de la Guardia Civil y para la gratuidad de las placas y licencias para beneficio de la sociedad potosina, y reiteró que se mantendrá coordinación, dialogo y acuerdos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo se mantendrá para impulsar acciones de justicia y desarrollo a favor de San Luis Potosí.

En este Primer Año de Legislativo, fueron aprobadas cuatro nuevas leyes:

Ley de Asistencia Social: Que se realizó mediante una amplia consulta, a las personas con discapacidad de cada municipio, donde se recibieron 3308 propuestas encaminadas a mayor bienestar y atención a sus necesidades.

Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas: Para dar certeza legal y apoyar a familias potosinas que sufren por la ausencia y desaparición de sus seres queridos.

Ley de Juntas de Participación Ciudadana: Para empoderar a la ciudadanía en su derecho a la participación, para que las juntas sean ahora intermediarias entre las demandas de los habitantes y los ayuntamientos, con la facultad de establecer acuerdos y convenios.

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí: Establece los aspectos sustantivos como la organización, gobierno interno, el desarrollo actual de sus actividades académicas, investigación, extensión y difusión de la cultura, de la Máxima Casa del Estudios del Estado.

Se realizaron importantes reformas a la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, entre las que destacan: la reforma al artículo 88 para crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Guardia Civil, para alcanzar una mayor prevención y combate al delito en San Luis Potosí; salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Se reformó también el artículo 15 para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y sustentable; la reforma al artículo 80 para que la cuenta pública del Poder Ejecutivo Estatal sea presentada el 15 de marzo del año siguiente al que corresponda su ejercicio; y la modificación al artículo 13 en materia de extinción de dominio, la cual está en proceso de aprobación por los ayuntamientos,

También fueron aprobadas modificaciones a Leyes, Códigos y Reglamentos, que impulsan acciones para beneficio de las y los potosinos, entre las que se encuentran:

Reformas a la Ley de Hacienda, con la que San Luis Potosí se convierte en el primer estado del país en otorgar a la gente, licencias de manejo y placas vehiculares gratuitas y en apoyo a la economía de las familias potosinas.

En materia de justicia, al Código Penal, para incrementar las sanciones en el delito de lesiones a una mujer en razón de su género, y sancionar al padre o madre que sustraiga, retenga sin causa justificada, u oculte a menor de edad, con la finalidad de obligar al otro a dar, hacer o dejar de hacer algo, en beneficio propio.

Además, en la protección de nuestros niños y adolescentes se aprobó sancionar a quien incurra en el delito de corrupción de menores a través estupefacientes, materias primas y aditivos de substancias que produzcan efectos psicotrópicos.

Asimismo, se aprobó dictamen para que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias en el caso de los delitos ambientales; y las relacionadas a incrementar las sanciones pecuniarias y privativas para inhibir la comisión del delito de maltrato animal.

A la Ley de Atención a Víctimas para que su presupuesto no sea menor al ejercicio fiscal anterior; a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para fortalecer las acciones para prevenir la discriminación; a la Ley de las Personas Adultas Mayores para incluir a la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores en el Consejo Estatal Gerontológico; a la Ley de Atención y Apoyo a Migrantes, para que la Fiscalía General del Estado como integrante del Consejo Estatal de Migración, suscriba convenios de cooperación y coordinación, para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes en el estado.

A la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo a las órdenes de protección; la Ley del Instituto de las Mujeres, para incorporar la participación de las dependencias y entidades que integran el gabinete económico, en la Junta Directiva del instituto.

Al Código Familiar, en lo relacionado al proceso de divorcio; a la Ley de Salud para la prevención y atención del suicidio y para fomentar la educación sobre la salud bucodental y la práctica de los hábitos de higiene para prevenir y controlar las enfermedades en la población escolar; además de la prohibición para realizar escarificaciones y micropigmentaciones a menores de 18 años y a quienes no tiene uso pleno de sus facultades mentales.

A la Ley Orgánica de la Administración Pública, para adicionar la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las Personas sin Seguridad Social, y adecuaciones para la creación del Instituto del Bienestar, y las acciones del Sistema Nacional de Salud.

En la Ley de Educación para fomentar la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como del desarrollo sustentable, entre otras acciones, como la de evitar el uso del plástico en el forro de libros y libretas

En materia de desarrollo económico, a la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable, y la Competitividad, para que los municipios instalen conexión de internet gratuita en las plazas públicas; y que las micro, pequeñas o medianas empresas obtengan incentivos al sustituir importaciones, por servicios o productos de origen nacional y local.

Asimismo, votamos el apoyo económico para el emprendimiento e impulso de negocios para las mujeres; y que la SEDECO fortalezca el comercio electrónico en el Estado; además de incorporar a la Asociación de Mujeres Empresarias como integrante del Consejo para el Desarrollo Económico Sustentable, y la Competitividad

En la Ley de Mejora Regulatoria, se realizaron modificaciones para establecer obligaciones para que se reduzcan gestiones en modalidad presencial y facilitar a los ciudadanos, vía digital el desarrollo de varios trámites; a Ley de Asociaciones Público -Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios, para incorporar los objetivos de Desarrollo Sostenible que competen a las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, con la participación del sector privado.

En la Ley de Turismo, se crea la Policía Turística, entendida como aquellos elementos que desempeñan tareas de proximidad social y vigilancia, en aras de prevención del delito, y se establece como una de las facultades de la Secretaría de Turismo, el promover el turismo de migrantes.

A la Ley del Mezcal, para incorporar a la Secretaría de Turismo del Estado en el Consejo Regulador de este producto; a la Ley de Aguas para que el aparato medidor y su instalación, serán sin costo alguno al usuario, e incrementar la multa para las personas que causen desperfectos al aparato; para las personas que descarguen aguas residuales en el sistema de alcantarillado; y, para los usuarios de fraccionamientos que instalen conexiones y no hayan solicitado el contrato.

A la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para promover la creación de los institutos, municipales; multimunicipales; y metropolitanos de planeación e integrar el enfoque metropolitano a esa Normatividad; e incorporar de manera permanente la participación del Cuerpo de Bomberos en la revisión y dictamen de los proyectos de los ayuntamientos en materia de seguridad y accesibilidad en caso de emergencias; también de modificaciones a la Ley de Transporte, para aumentar la seguridad de las y los usuarios, a través de revisiones constantes de las condiciones mecánicas de los vehículos por parte de la SCT.

A la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para sustituir el concepto “identidades sexuales” por los conceptos “identidad de género” y, “orientación sexual”, con la finalidad de que las personas que asumen su identidad de género y orientación sexual no convencionales; y también para garantizar el principio de Equidad y No Discriminación. Otra modificación, busca dar certeza a la incorporación y renuncia de los integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar los casos en que se vean afectados por tráfico de personas, por explotación laboral, así como el trabajo forzoso, y esclavitud; así como como para prevenir y atender los diferentes tipos de violencia en las escuelas y se cuente con mejores instalaciones para los alumnos.

A la Ley del Sistema de Protección Civil, para establecer que las coordinaciones Estatal y municipales de Protección Civil verifiquen las condiciones de seguridad en los centros para tratamiento, rehabilitación, control, y reinserción social de personas con problemas de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia.

Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones. fue reformada para establecer que todo trabajo de investigación que involucre a farmacodependientes, deberá respetar la dignidad y los derechos de los mismos, incluido su derecho a la privacidad e intimidad.

A la Ley Orgánica del Poder Judicial, para sancionar conductas de aquellos actuarios que hagan mal uso de su fe pública, para simular notificaciones o cualquier actuación en perjuicio de las partes; además de precisar la denominación del Juzgado especializado en órdenes de protección de emergencia y preventivas en favor de las mujeres.

En materia de seguridad, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública. Para que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pueda llevar a cabo convenios con instituciones educativas, a fin de que los elementos de seguridad pública a su cargo, cuenten con mejores condiciones de formación educativa; a la Ley de Control de Confianza, para que en cada uno de los resultados de las pruebas practicadas, se asienten los datos de identificación del personal que las aplique.

A la Ley Ambiental, para que la CEDH, y SEDUVOP garanticen la salud de las personas, a través de un medio ambiente adecuado; y también para que los municipios con la participación de Gobierno del Estado impulsen programas de concientización y organización ciudadana vecinal para promover la cultura, educación y capacitación ambientales.

A la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales, para que la SEDARH y la CONAFOR, en coordinación con los ayuntamientos, al emitir anualmente un calendario de quemas, atiendan las normas oficiales aplicables; a la Ley de Protección a los Animales, para incorporar el concepto de abandono de animales.

En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para estipular el derecho a las personas de las personas a presentar denuncias cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos; y para obligar a la ASE a publicar en el Periódico Oficial del Estado, el Programa Anual de Auditorías; con ello se garantiza a la ciudadanía el derecho al acceso y conocimiento oportuno de dicho instrumento.

En la Ley de Coordinación Fiscal, para armonizarla en aspectos como la temporalidad de la entrega de recursos y la equidad en la distribución de las Participaciones Federales a los Municipios; y a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios para establecer con claridad como sujetos de la Ley, a las personas titulares de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada, órganos desconcentrados y Centro de Conciliación Laboral.

En la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aprobó la reforma para que las políticas y los recursos públicos se deben ejecutar de manera transversal; es decir, los presupuestos deben ser con perspectiva de derechos humanos; a la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer el plazo de prescripción de las faltas de particulares, de siete años al igual que las faltas graves, con lo cual se brinda certidumbre jurídica para evitar el riesgo de interpretaciones arbitrarias; y al Código Procesal Administrativo en materia de notificaciones.

En materia administrativa, se aprobaron reformas a la Ley de Planeación. Para que el Plan Estatal de Desarrollo deberá apegarse a los criterios de, interés público, legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, y transversalidad de la perspectiva de género; a la Ley de Adquisiciones para contar con una normatividad que goce de la máxima claridad en todo lo relativo al ejercicio del gasto público y a las obligaciones que los organismos deben observar para el uso de sus recursos, a la Ley para la Regulación de la Firma Electrónica Avanzada, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para facilitar y sistematizar las labores de notificación de los entes que realizan contrataciones; a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la denominación de la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, de la CEGAIP; y sobre la elección de la persona titular del órgano interno de control; y en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas, en materia de notificaciones y el procedimiento para cese del trabajador.

En lo relacionado al fortalecimiento del Poder Legislativo, se realizaron reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para establecer como nuevas obligaciones difundir de oficio el concentrado mensual de asistencia de cada legislador a las comisiones y comités de las que sea parte, incluyendo a la Junta de Coordinación Política. Además, del sentido del voto de cada uno.

A la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para crear la comisión permanente de dictamen que resuelva las propuestas en materia de igualdad sustantiva, y emita opiniones con perspectiva de género que deben atender todas las reformas legales y para incorporar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de los órganos de soporte técnico y de apoyo

Por otro lado, se aprobó implementar el software denominado Mensajería del Congreso, para hacer más eficiente la labor parlamentaria. Asimismo, se votó reforma para que las iniciativas y dictámenes ya no se presenten en papel ni disco compacto, sino a través de correo electrónico, para evitar el daño ecológico que se genera; y para establecer de manera precisa las causas de inasistencia de las diputadas y los diputados a sesiones de Pleno, así como a reuniones de comisiones o comités, así como para que ningún diputado o diputada, pueda presidir más de una, ni formar parte de más de seis comisiones permanentes.

Además, al Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones Legislativas. Se incorporó la obligación de capacitación semestral a legisladores, actualizar permanentemente un banco de información jurídica, económica, política y social de perspectiva de género; y fomentar el intercambio de conocimientos legislativos en materia de los derechos de la mujer con otros congresos de las diferentes entidades federativas, y de la Ciudad de México, mediante convenios de colaboración; y se creó la Comisión Especial de Atención a Periodistas.

Se realizaron diversas armonizaciones de la legislación estatal; se aprobó el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, se realizaron las Consultas a Personas con Discapacidad en materia de Ley de Asistencia Social, y para la reforma político electoral y educación inclusiva; la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes; los Foros de Consulta para la Reforma Político-Electoral; se otorgó la Presea al Mérito “Plan de San Luis”, al Profr. Roberto Mar Acosta; y el reconocimiento “Matilde Cabrera Ipiña de Corsí”, a la Lic. María de Lourdes Reyna Carrizales; y se llevaron a cabo el Parlamento de las niñas y los niños; y el 2º Parlamento de las Mujeres.

En materia de colaboración institucional, se han firmado convenios con el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad del Centro del México, el Colegio de San Luis, los poderes Ejecutivo y Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado.

Mediante más de 100 puntos de acuerdo esta soberanía desde la más alta tribuna siempre alzó la voz para gestionar y buscar la solución ante diversas autoridades, a situaciones en materia de salud, agua, educación, seguridad pública, y protección al medio ambiente, entre otros.